Quizás una de las cosas que más llaman la atención a quienes no están familiarizados con los procesos penales, es la posibilidad de que alguien sea condenado, únicamente, por la versión de la persona que denuncia.
Así pues no son pocos los supuestos, muchos de ellos de gran repercusión mediática y social, en los que se han dictado sentencias condenatorias por el testimonio de la víctima.
En muchas ocasiones, los medios de comunicación así como la sociedad en general, utilizan los términos de abuso, agresión sexual y violación, para referirse de forma indistinta a cualquier ataque contra la libertad sexual.
Así pues, recientemente, y a través de diversos casos con gran trascendencia mediática (como el caso de la Manada o de los jugadores de la Arandina, por ejemplo) podemos observar como dichos términos han sido utilizados de forma poco precisa generando con ello confusión.
Es por eso que resulta necesario diferenciar correctamente tales términos así como conocer las conductas que integran cada uno de ellos.
Las circunstancias que pueden atenuar la pena por la comisión de un delito vienen recogidas en el artículo 21 del Código Penal. Dichas atenuantes son de gran importancia puesto que pueden rebajar, en algunos casos de manera considerable, la pena a cumplir.
De modo que las atenuantes pueden influir mucho en el tiempo que una persona condenada por un delito puede estar en prisión.
Dentro de dichas atenuantes, hoy veremos la denominada atenuante de dilaciones indebidas, la atenuante que puede tener todo acusado al haberse alargado indebidamente su procedimiento.
La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona mediante violencia o intimidación a realizar u omitir un acto jurídico con ánimo de lucro y en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. Está regulado dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
El delito de tráfico de influencias consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento para conseguir un beneficio económico a través de una resolución. Se encuentra regulado dentro de los delitos contra la Administración pública.
El delito de hurto y el delito de robo son calificados por la doctrina y la jurisprudencia como delitos de apoderamiento, refiriéndose así a la concreta modalidad de comisión que los caracteriza. Básicamente, dichos delitos consisten en tomar o apoderarse de las cosas muebles ajenas sin consentimiento de su legítimo propietario.
La insolvencia punible es un delito que se comete cuando un deudor realiza actos fraudulentos que perjudican los intereses de los acreedores. La intención es eludir el pago de una deuda.
El delito flagrante es aquel que se está cometiendo en el preciso momento y es observado por quienes se encuentran en el lugar de los hechos. El delincuente es sorprendido en el acto y no hay duda acerca de su culpabilidad.
El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es un delito que consiste en dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Los avances de las nuevas tecnologías han originado nuevos riesgos, ofreciendo más posibilidades para cometer este delito.
La administración desleal es un delito que cometen las personas encargadas de gestionar un patrimonio ajeno cuando se exceden en sus facultades. Es importante diferenciarlo del delito de apropiación indebida.
El delito de estafa es un delito patrimonial en el que se emplea un engaño para provocar un error en la víctima que le lleva a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio de sí misma o de un tercero.
Las atenuantes son circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que tienen como efecto la disminución de la pena. De esta forma, se individualiza la pena en función de las características de cada caso.
El cohecho, también conocido como soborno, consiste en solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo. A efectos de la comisión de este delito, es indiferente si el beneficio obtenido u ofrecido es para el propio funcionario o para un tercero.
La malversación, también conocida como desfalco, es un delito de apropiación indebida o administración desleal que solo puede ser cometido por un empleado o cargo público en el ejercicio de su cargo. En este sentido, los cargos públicos infringen la ley o se exceden en el ejercicio de sus actividades.
La petición de favores sexuales para sí mismo o para terceros dentro del ámbito laboral, docente o de prestación de servicios constituye un delito de acoso sexual si provoca una situación intimidatoria, hostil o humillante. Este delito se introdujo en el Código Penal de 1995.
La prevaricación es un delito especial por razón de su autor, pues solo puede ser cometido por una autoridad o funcionario público. Se trata de un delito contra la Administración que consiste en dictar una sentencia o resolución injusta.
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que protegen la libertad y la autodeterminación en el ámbito sexual, factores estrechamente relacionados con la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Están regulados en el Título VIII del Código Penal, recogiendo diferentes tipos penales en los artículos 178 a 194.
La legítima defensa es una causa de exclusión de la antijuricidad. Es decir, es una causa eximente de responsabilidad penal que se aplica cuando se realiza una acción punible para impedir o repeler una agresión ilegítima a una persona o a derechos, ya sean propios o ajenos.
El delito de falsedad documental consiste en la falsificación, alteración, simulación o modificación de los elementos esenciales de un documento. La falsificación puede consistir en todo o en parte del documento y para evaluarla es necesaria la intervención de un perito calígrafo y documentólogo.
El alzamiento de bienes es un delito socioeconómico que consiste en que el deudor sustrae todo o parte de su patrimonio para que sus acreedores encuentren dificultades para cobrar. Desde la reforma del Código Penal de 2015 pasaron a denominarse delitos de frustración de la ejecución.
El delito de abusos sexuales se encuentra recogido en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales del Título VIII del Código Penal. Sin embargo, los delitos sexuales que afectan a los menores de 16 años están regulados en su propio capítulo.
La agresión sexual es un delito contra la libertad e indemnidad sexuales que consiste en atentar contra la libertad sexual de la víctima con violencia o intimidación.
Se consideran abusos sexuales las actuaciones que, sin mediar violencia o intimidación y sin que exista el consentimiento previo de la víctima, atentan contra la libertad o la indemnidad sexual de la misma. Son hechos constitutivos de delito y están castigados en el Código Penal.
Las eximentes incompletas son circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal en las que concurre el requisito esencial o el presupuesto básico, pero falta alguna de las características no esenciales.
Su consecuencia directa es la individualización y disminución de la pena, pero siempre atendiendo a las particularidades de cada caso.Leer artículo
El consentimiento es la manifestación de la voluntad, expresa o tácita, acerca de un hecho específico que exterioriza la conformidad de una persona sobre un hecho. El consentimiento en los delitos sexuales ha sido objeto de una regulación que ha ido cambiando a lo largo de los años.
Los delitos contra el honor son actos ilícitos que menoscaban la dignidad o el prestigio de las personas. Son el delito de injurias y el delito de calumnias.
El prevalimiento es una agravante genérica o específica para ciertos delitos. Consiste en el aprovechamiento por parte del autor de un delito de una concreta y especial situación de confianza, superioridad o prestigio con respecto a la víctima para cometer con éxito el hecho delictivo.
El delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se apodera de una cosa que le había sido confiada con obligación de devolverla. De esta forma, la incorpora a su patrimonio y causa un perjuicio a su legítimo dueño.
En los medios oímos hablar a diario de denuncia y querella como si fueran sinónimos, pero realmente son figuras jurídicas muy diferentes. Ambas son vías de inicio de un procedimiento judicial en la vía penal, ¿pero en qué se diferencian la denuncia y la querella?
