El Código Penal castiga distintas conductas relacionadas con la creación, alteración y circulación de moneda falsa, así como con la falsificación de sellos de correos y otros efectos timbrados.
La protección penal no se limita a quien realiza materialmente la falsificación, sino que alcanza también a determinadas actuaciones dirigidas a introducir estos objetos en el tráfico o facilitar su utilización.
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Contacte conmigoRegulación del delito de falsificación de moneda y efectos timbrados
La expresión falsificación de moneda y efectos timbrados engloba en realidad varias figuras delictivas que comparten una finalidad común: evitar que determinados instrumentos falsos o alterados puedan presentarse y utilizarse como si fueran auténticos.
Estas conductas se encuentran reguladas en los artículos 386 a 389 del Código Penal. A ellos se añade el artículo 400, que sanciona determinadas actuaciones relacionadas con los medios específicamente preparados para cometer delitos de falsedad.
Se trata de una serie de delitos dolosos, comunes (que puede cometer cualquier persona) y de peligro, en los que la jurisprudencia ha señalado distintos bienes jurídicos protegidos (por ejemplo, la seguridad del tráfico monetario, tanto nacional como internacional, y la fe pública).
Conductas delictivas relacionadas con la moneda falsa
El artículo 386 contempla varias modalidades.
Las conductas más graves consisten en alterar moneda o fabricar moneda falsa; exportar moneda falsa o alterada, así como importarla a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea; y transportar, expender o distribuir moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
Para estos supuestos se establece una pena de prisión de 8 a 12 años, junto a una multa comprendida entre el valor aparente de la moneda y 10 veces dicho valor. Si la moneda falsificada llega a ser puesta en circulación, la pena de prisión debe imponerse en su mitad superior.
El Código Penal también sanciona otros comportamientos vinculados con la circulación de moneda falsa.
Así, incurre en responsabilidad quien tiene, recibe u obtiene moneda falsa con la finalidad de expedirla, distribuirla o ponerla en circulación. En esta modalidad se impone la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de la moneda y al grado de connivencia existente con quien la haya falsificado, alterado, introducido o exportado.
También se contempla el supuesto de quien recibe moneda falsa creyendo inicialmente que es auténtica y, después de descubrir su falsedad, la expende o distribuye. La pena prevista es de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Cuando el valor aparente de la moneda no supera los 400 euros, corresponde una multa de 1 a 3 meses.
Responsabilidad de organizaciones y personas jurídicas
La regulación penal también tiene en cuenta los casos en los que estas actividades se desarrollan dentro de estructuras organizadas.
Cuando el responsable pertenece a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, dedicada a estas conductas, pueden acordarse una o varias de las consecuencias previstas en el artículo 129 del Código Penal, en relación con las medidas contempladas en las letras c) a g) del artículo 33.7.
Además, estos delitos pueden generar responsabilidad penal para una persona jurídica conforme al artículo 31 bis.
En ese caso, la multa oscila entre 3 y 10 veces el valor aparente de la moneda. Asimismo, conforme a las reglas del artículo 66 bis, pueden imponerse otras penas previstas para las personas jurídicas en las letras b) a g) del artículo 33.7.
Por tanto, en los casos anteriores, se pueden imponer penas como la suspensión de las actividades de la empresa por un plazo de hasta 5 años, entre otras.
Falsificación de sellos de correos y efectos timbrados
El artículo 389 contiene las conductas específicamente referidas a sellos de correos y otros efectos timbrados.
Concretamente, estos delitos consisten en falsificar o expender sellos de correos o efectos timbrados en connivencia con el falsificador, o en introducirlos en España sabiendo de su falsedad. Estas conductas tienen señalada una pena de prisión de 6 meses a 3 años.
Existe también un supuesto específico para quien adquiere de buena fe un sello o efecto timbrado y posteriormente descubre su falsedad. Si, pese a conocerla, lo distribuye o utiliza, la sanción es de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Cuando el valor aparente de esos sellos o efectos timbrados no excede de 400 euros, la pena prevista es de multa de 1 a 3 meses.
¿Qué se considera moneda y efectos timbrados a estos efectos?
En relación con la moneda, el artículo 387 incluye tanto la moneda metálica como el papel moneda que tengan curso legal. También quedan comprendidos los ejemplares que todavía no hayan sido oficialmente emitidos o puestos en circulación, siempre que estén destinados a circular como moneda de curso legal.
A estos efectos no solo se protege la moneda nacional. La moneda de otros Estados de la Unión Europea y la de países extranjeros reciben el mismo tratamiento.
Además, se considera moneda falsa aquella que, aun habiendo sido elaborada utilizando instalaciones y materiales legítimos, se produzca conscientemente al margen de las condiciones de emisión fijadas por la autoridad competente. Lo mismo ocurre cuando se lleva a cabo una emisión sin que exista orden alguna que la autorice.
Como ha indicado la jurisprudencia, para que exista una verdadera falsificación, la reproducción debe presentar un grado de parecido suficiente para que una persona media pueda confundirla con la original, por lo que no cualquier imitación es apta.
Las tarjetas de crédito o débito y los restantes instrumentos de pago distintos del efectivo no se incluyen dentro de este concepto de moneda, ya que su falsificación cuenta con una regulación penal diferenciada.
Con respecto a los efectos timbrados, aunque el Código Penal no proporciona una definición de estos últimos, el artículo 39.1 del Reglamento General de Recaudación incluye dentro de esta categoría el papel timbrado común, el papel timbrado de pagos al Estado, los documentos timbrados especiales, los timbres móviles y otros efectos que puedan aprobarse mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.
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Contacte conmigoDelitos relacionados con los medios destinados a realizar la falsificación
El Código Penal también sanciona determinadas conductas relacionadas con medios diseñados o adaptados específicamente para cometer estos delitos.
Están tipificadas en el artículo 400, y consisten en fabricar, recibir, obtener, tener, distribuir, poner a disposición o comercializar útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos, programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad o cualquier otro medio que haya sido diseñado o adaptado específicamente para cometer, entre otros, los delitos de falsificación de moneda o efectos timbrados.
Por tanto, determinados actos relacionados con los instrumentos destinados a hacer posible la falsificación son penalmente relevantes aunque no se haya llegado a ejecutar alguna de las conductas previstas en los artículos 386 o 389.
Efectos de las condenas impuestas en otros países
La posible dimensión internacional de estas conductas también tiene consecuencias en materia de reincidencia.
Las condenas dictadas en el extranjero por delitos de la misma naturaleza se equiparan a las dictadas por los tribunales españoles a estos efectos.
No obstante, esta equiparación deja de operar cuando el antecedente penal extranjero haya sido cancelado o pueda serlo de acuerdo con las reglas del derecho español.

