El principio de proporcionalidad en el Derecho Penal

El principio de proporcionalidad en el Derecho Penal

El diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE define el principio de proporcionalidad en derecho penal de la siguiente forma: “Principio jurídico en virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido”.

Así pues, en este ámbito jurídico, el principio de proporcionalidad es aquel por el cual, las penas tienen que guardar proporción con la gravedad de los hechos delictivos. Se aplica también a las medidas de seguridad, en cuyo caso se tendrá en cuenta la peligrosidad del sujeto.

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Entonces, este principio opera a distintos niveles:

  • A la hora de establecer una pena o medida de seguridad para un delito determinado.
  • Cuando el juez o tribunal impone la pena o medida de seguridad, eligiendo una concreta dentro de la horquilla que ofrece el Código penal para cada delito.

El principio de proporcionalidad en derecho penal se articula en torno a la reconocida como prohibición de exceso, y supone que la intervención de los poderes públicos en los derechos de los ciudadanos tiene que ser necesaria, adecuada y proporcional.

¿Dónde se regula el principio de proporcionalidad?

Si bien el principio de proporcionalidad es un principio plenamente reconocido en el derecho penal, el ordenamiento jurídico español no lo recoge expresamente en ningún artículo legal. 

No obstante, se ha llegado a entender que se desprende de los artículos 9.3 (al hablar en su apartado 3 de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), 15 (en cuanto la prohibición de las penas inhumanas y degradantes contiene de forma implícita el principio de proporcionalidad), 17.1 y 55 de la Constitución Española

Además, el Tribunal Constitucional ha dado distintos criterios sobre su posible inclusión en el artículo 25.1 de la Constitución, pronunciándose tanto a favor como en contra de la misma.

Lo hace a favor en la siguiente sentencia:

En esta materia, en la que la previsión y aplicación de las normas supone la prohibición de cierto tipo de conductas a través de la amenaza de la privación de ciertos bienes –y, singularmente, en lo que es la pena más tradicional y paradigmática, a través de la amenaza de privación de la libertad personal–, la desproporción afectará al tratamiento del derecho cuyo ejercicio queda privado o restringido con la sanción. El contexto sancionador nos va a conducir con naturalidad del ámbito de la libertad personal (art. 17 C.E.) –cuando, como es ahora el caso, la pena sea privativa de libertad– al ámbito del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 C.E.) (SSTC 55/1996, 161/1997 y 61/1998), sin que, en conexión también con él, quepa descartar que quede también lesionado el derecho cuyo ejercicio quedaba implicado en la conducta prohibida.

Sentencia del Tribunal Constitucional número 136/1999, de 20 de julio de 1999

Y en contra en esta otra:

Los criterios del legislador al establecer en abstracto y con carácter general las penas correspondientes a diversas conductas tipificadas como delitos, lo que nada tiene que ver con la culpabilidad del autor concreto. En principio, el juicio sobre proporcionalidad de la pena, prevista por la Ley con carácter general, con relación a un hecho punible que es presupuesto de la misma, es de competencia del legislador. A los Tribunales de justicia sólo les corresponde, según la Constitución, la aplicación de las Leyes y no verificar si los medios adoptados por el legislador para la protección de los bienes jurídicos son o no adecuados a dicha finalidad, o si son o no proporcionados en abstracto. Ello se deduce, como es claro, del artículo 117 de la Constitución. Consecuentemente, no cabe deducir del art. 25.1 de la Constitución española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito.

Sentencia del Tribunal Constitucional número 65/1986, de 22 de mayo

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