Los delitos contra los derechos de los trabajadores

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Dentro del Título XV del Libro II del Código Penal español, se recogen aquellas conductas que atentan contra los derechos de los trabajadores. 

Aunque la defensa de estos derechos se lleva a cabo, fundamentalmente, a través del orden jurisdiccional social, existen determinados supuestos que, por la gravedad del perjuicio causado sobre los trabajadores, constituyen ilícitos de carácter penal.

En las próximas líneas, analizo brevemente qué delitos contra los derechos de los trabajadores se contemplan en el Código Penal.

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¿Cuáles son los delitos contra los derechos de los trabajadores en España?

Existen hasta siete delitos de estas características en el Código Penal, los cuales se regulan entre los artículos 311 y 317 de este cuerpo normativo.

1. Imposición de condiciones laborales ilegales

El artículo 311 del Código Penal tipifica el primero de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Son tres las conductas que se recogen en este precepto.

  • En primer lugar, la utilización de engaño o abuso de situación de necesidad para imponer condiciones laborales o de Seguridad Social que menoscaben los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
  • En segundo lugar, también se incluye en este ilícito penal el empleo de fórmulas ajenas al contrato de trabajo para la imposición de condiciones ilegales, o su mantenimiento tras un requerimiento o sanción administrativa.
  • Por último, será constitutiva de este delito la conducta consistente en la ocupación de una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin que estos hayan obtenido una autorización de trabajo.

Para estos supuestos, se establece un número mínimo de trabajadores afectados, en función del tamaño de la empresa o centro de trabajo, para que pueda apreciarse la existencia de delito:

  • Más de 100 trabajadores: el 25 %.
  • Entre 10 y 100 trabajadores: el 50 %.
  • Más de 5 empleados y menos de 10: la totalidad.

Además, también incurrirá en este delito quien, tras una transmisión empresarial, conozca y mantenga condiciones laborales ilegales establecidas con anterioridad.

Las penas contempladas son multa de 6 a 12 meses y prisión de 6 meses a 6 años.

Cuando para la imposición de estas condiciones haya mediado violencia o intimidación, las penas serán superiores en grado. De este modo, la autoridad judicial podría imponer una pena de prisión de hasta un año y 6 meses, y multas de hasta 9 años.

2. Contratación de personas que carecen de permiso de trabajo

En el artículo 311 bis del Código Penal se regula este delito, consistente en emplear o dar ocupación a personas de nacionalidad extranjera sin permiso de trabajo, así como a menores de edad en la misma situación. 

Quienes sean condenados por haber cometido estos delitos se enfrentarán a penas de prisión de 3 a 18 meses, o multa de 12 a 30 meses.

No obstante, estas penas pueden ser superiores si la conducta llevada a cabo por el empleador se corresponde con la recogida en otro artículo del mismo cuerpo legal.

3. Tráfico ilegal de mano de obra

Se pueden identificar las siguientes conductas típicas, incluidas en el delito configurado por el artículo 312 del Código Penal:

  • Tráfico ilegal de trabajadores.
  • Reclutamiento de personas, o invitación a que abandonen su puesto de trabajo, bajo engaño o falsa promesa de unas condiciones de trabajo determinadas.
  • Empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, cuando las condiciones firmadas sean perjudiciales o supongan una supresión o perjuicio de derechos reconocidos por cualquier disposición legal.

Las penas contempladas para estos delitos consisten en prisión de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses.

4. Fomento de la emigración laboral mediante engaño

Es el artículo 313 del Código Penal el precepto que recoge este delito, que consiste en favorecer el traslado de trabajadores entre países, sirviéndose de algún tipo de engaño o simulación.

Se contemplan penas de prisión de 2 a 5 años y de multa de 6 a 12 meses.

Cabe apuntar que, en el caso de que sean varias personas las trasladadas, no se incurrirá en un delito por cada una de ellas.

5. Discriminación laboral

Las discriminaciones de carácter grave, que tengan lugar en el ámbito del trabajo, constituyen una conducta tipificada como delito por el artículo 314 del Código Penal.

Resulta irrelevante si se trata de una relación laboral en el ámbito público o privado, y se especifican los siguientes motivos posibles de discriminación prohibida en este ámbito:

  • Razones ideológicas, también de religión o creencias.
  • Etnia, raza, nacionalidad, sexo, género, edad, orientación o identidad sexual o de género.
  • Situación familiar, incluido el parentesco con otros trabajadores de la empresa.
  • Aporofobia o exclusión social, así como por enfermedad o discapacidad.
  • Ostentación de representación legal o sindical de los trabajadores.
  • Uso de alguna de las lenguas oficiales en España.

Es importante reseñar que solo incurrirán en este delito quienes, tras haber sido requeridos o sancionados administrativamente, no procedan a restablecer una situación de igualdad.

Este precepto establece penas de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 6 a 12 meses.

6. Contra la libertad sindical

La conducta tipificada en el artículo 315 del Código Penal se corresponde con la limitación o el impedimento para el ejercicio de los derechos de huelga o de la libertad sindical de los trabajadores.

Las penas contempladas para este delito son, alternativamente, prisión de 6 meses a 2 años o multa de 6 a 12 meses.

No obstante, si estas conductas se producen acompañadas de coacciones, las penas se incrementarán. Para estos supuestos, se estipula prisión de un año y 9 meses a 3 años o multa.

7. Contra la salud y seguridad de los trabajadores

El artículo 316 del Código Penal regula el delito cuya conducta típica consiste en infringir las normas de prevención de riesgos laborales, de un modo que suponga un peligro grave para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores (lo que puede ocasionar un grave accidente laboral o una enfermedad profresional).

Así, incurrirán en este ilícito penal aquellas personas que no atiendan su obligación legal de facilitar que los empleados lleven a cabo sus funciones con las medidas de seguridad e higiene apropiadas.

Quien incurra en este ilícito penal se enfrentará a penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

En los supuestos en los que estos delitos sean consecuencia de imprudencias de carácter grave, serán castigados con pena inferior en grado. Así lo establece el artículo 317 del Código Penal.

De este modo, las penas de prisión se moverían en un rango de entre 3 meses y 6 meses menos un día, misma horquilla contemplada para la de multa.

Algunas características comunes a todos estos delitos

Todos los delitos mencionados anteriormente están dirigidos a la protección del mismo bien jurídico, identificado con los derechos de los trabajadores que derivan de una relación laboral, independientemente de que estos hayan sido reconocidos por las leyes, los convenios colectivos o el mismo contrato individual.

Por lo tanto, los sujetos pasivos en estos delitos son personas que ostentan la condición de trabajadores por cuenta ajena.

Del mismo modo, el sujeto activo es, en la mayor parte de los casos, un empresario o empleador.

Asimismo, y a la vista de lo dispuesto por el artículo 318 del Código Penal, si se trata de personas jurídicas, incurrirán en responsabilidad penal los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos delictivos. También cuando los conocieran y no hubieran adoptado las medidas necesarias para evitar la comisión del delito.

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