El principio de legalidad en derecho penal

El principio de legalidad tiene su base en las ideas de la Ilustración y en el principio de la separación de poderes, como un presupuesto necesario del Estado de derecho.

Se trata de un principio de aplicación en todo nuestro sistema jurídico, si bien tiene un alcance diferente en cada campo jurídico. En derecho penal cobra especial relevancia, ya que con él se trata de garantizar la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales.

¿En qué consiste el principio de legalidad en derecho penal?

El principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho, e impone el sometimiento de los poderes públicos a la ley y al derecho. En derecho penal, más concretamente, supone la imposibilidad de que una persona sea castigada penalmente por una acción u omisión que no esté prevista como delito en una ley, en este caso, en el Código Penal.

Se encuentra condensado en la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa, cuyo significado es que no puede haber delito ni pena sin ley previa, escrita, estricta y cierta. 

Según criterio del Tribunal Constitucional, el principio de legalidad penal ofrece una doble garantía para el ciudadano:

• Por un lado, impone la necesidad de que exista una predeterminación normativa, es decir, de que exista una ley previa a la conducta punible para que esta pueda ser castigada. Además, esa regulación debe ser suficiente y precisa.
• Por otro lado, ofrece una garantía formal, en el sentido de que debe existir una norma con rango de ley que limite la capacidad punitiva del Estado. Esto es lo que se conoce como reserva de ley, que en el ámbito penal es absoluta.

¿Cuál es el fundamento del principio de legalidad penal?

El fundamento principal del principio de legalidad en el orden penal es la seguridad jurídica, ya que ofrece la garantía al ciudadano de que no podrá ser sancionado ni castigado penalmente si esa conducta no está tipificada previamente.

Este fundamento se completa con el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables al reo, que refuerzan la seguridad jurídica para el ciudadano.

Además, el principio de legalidad supone un límite al ejercicio arbitrario de los poderes públicos y a la potestad punitiva y sancionadora del Estado.

¿Dónde se regula el principio de legalidad en derecho penal español?

Nuestro ordenamiento contempla el principio de legalidad penal tanto en la Constitución Española como en el Código Penal.

En la Constitución Española

• El artículo 9.3 establece de manera general la garantía constitucional del principio de legalidad y de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables.
• El artículo 25 se centra en el derecho penal, y dispone que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito o infracción administrativa de acuerdo con la legislación vigente en el momento de cometerse. Establece la reserva de ley penal al añadir que la Administración civil no podrá sancionar con privación de libertad.
• El artículo 53.1 se reafirma en el principio de reserva de ley, que es un principio de legalidad formal, al establecer que el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos solo podrá regularse por ley.
• El artículo 81 reserva a una ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

En el Código Penal

• El artículo 1 enuncia el principio de legalidad penal, estableciendo que no se podrá castigar ninguna acción ni omisión no prevista previamente por ley, y extiende esa obligación a los presupuestos necesarios para la aplicación de las medidas de seguridad.
• El artículo 2 prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable.
• El artículo 3 se centra en la garantía jurisdiccional y en la garantía de ejecución, de modo que los jueces y tribunales deberán ceñirse a la ley para dictar sentencia, y las penas y medidas solo podrán ejecutarse si han sido impuestas en sentencia firme.
• El artículo 4 recoge la prohibición de aplicación analógica de la ley penal, estableciendo la obligación de que la ley penal sea clara y precisa, y prevea todos los casos posibles castigados por ella.

¿Cuáles son los pilares del principio de legalidad en derecho penal?

El principio de legalidad en el orden penal se sustenta sobre cuatro pilares o requisitos: 

Necesidad de ley escrita

Las normas penales no pueden provenir de la costumbre ni de las decisiones judiciales, aunque la jurisprudencia sea también una fuente de interpretación, sino que los delitos y sus penas deben ser establecidos por medio de ley escrita, emanada del Parlamento y dotada de objetividad.

La sentencia del Tribunal Constitucional número 118/1992, de 16 de septiembre, delimita el alcance de este requisito, estableciendo que el artículo 25.1 de la Constitución impone que la norma penal ostente el rango de ley, existiendo una reserva absoluta de ley.

Esta exigencia se completa con la que establece el artículo 81.1 de la Constitución, conforme al cual, las normas penales que establezcan penas privativas de libertad y, por tanto, afecten a los derechos y libertades fundamentales, deberán revestir rango de ley orgánica.

Necesidad de ley estricta

Este requisito implica que la ley penal solo puede ser aplicada en los casos expresamente previstos en ella, lo que excluye la posibilidad de aplicación analógica de las leyes penales (artículo 4 del Código Penal).

La analogía consiste en extender las consecuencias jurídicas previstas en una ley a otros supuestos no contemplados en ella, pero que mantienen una identidad de razón con los sí incluidos.

El fundamento de este requisito se basa en la necesidad de certeza que existe en el ámbito penal y, por tanto, en la salvaguarda de la seguridad jurídica. Además, la prohibición de aplicación analógica de la norma penal limita el poder judicial a la interpretación de la ley, negándole la facultad de establecer qué conductas son constitutivas de delito.

Con este requisito se refuerza la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de los poderes públicos.

Hay que puntualizar que la posibilidad o no de aplicación analógica de la norma penal a favor del reo está más discutida, existiendo posturas doctrinales que apoyan ambas teorías.

Necesidad de ley previa

La ley aplicable debe ser anterior a la comisión del hecho punible (artículo 1.1 del Código Penal). Como consecuencia, se prohíbe la aplicación retroactiva de la norma penal desfavorable al reo, si bien sí se aplica cuando el resultado es favorable a él, aunque haya recaído sentencia firme y el condenado estuviese cumpliendo la pena (artículo 2.2). La ley anterior aplicable debe estar publicada y vigente en el momento de cometer el delito.

El requisito de ley previa afecta tanto al delito como a la pena, y no se puede aplicar una pena más grave que la que estaba prevista en el momento en que se cometió.

Una vez más, se trata de defender la seguridad jurídica y la limitación al ejercicio arbitrario de los poderes públicos.

Necesidad de ley cierta

Este requisito supone la necesidad de que la conducta castigada y la pena correspondiente estén descritas de forma precisa en la ley. Es lo que se conoce también como principio de taxatividad: todos los supuestos y las circunstancias en las cuales se castigan deben estar claramente detallados en la ley penal.

A la hora de castigar un delito, no debe haber duda sobre el alcance de la norma en la que está previsto.

No obstante, aunque la ley penal se redacta con la pretensión de establecer los límites de la legalidad con la mayor claridad, siempre existe un margen de duda en algunos supuestos, y ahí es donde cobra relevancia la labor interpretadora del poder judicial.

Por otro lado, la excesiva precisión en la redacción de la ley penal puede tener como consecuencia negativa que algunos comportamientos queden sin castigo, por no ajustarse exactamente a ella en todos sus términos, aunque en esencia se esté cometiendo la conducta delictiva.

Por todo ello, no es posible una precisión absoluta en la ley penal, pero sí se debe procurar que sea lo más minuciosa posible.

Al final, lo que todos estos principios y requisitos tratan de garantizar es la seguridad jurídica y el respeto a la separación de poderes, donde los delitos se legislen por el pueblo representado en el Parlamento, las leyes penales se manden ejecutar por el Gobierno, y se interpreten y apliquen por jueces imparciales.