El principio de irretroactividad en derecho penal

Principio irretroactividad penal

La seguridad jurídica es uno de los pilares del Estado de derecho, ya que garantiza la libertad de los ciudadanos y los protege de la arbitrariedad de los poderes públicos. A su vez, la efectividad de la seguridad jurídica se sustenta sobre distintos principios de aplicación del derecho, que en el caso del derecho penal cobran especial relevancia.

Uno de ellos es el principio de irretroactividad en derecho penal, cuyo alcance vamos a analizar en este artículo.

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¿En qué consiste el principio de irretroactividad en derecho penal?

La retroactividad es la posibilidad de que un acontecimiento o acto posterior tenga efectos sobre hechos ocurridos antes de su existencia o producción. La irretroactividad, por lo tanto, es la imposibilidad de que eso ocurra.

En consecuencia, el principio de irretroactividad en derecho penal implica la imposibilidad de que la norma penal posterior tenga efectos sobre hechos ocurridos o actos realizados antes de su vigencia. 

No obstante, en derecho penal este principio está matizado, de modo que solo existe irretroactividad para las normas penales desfavorables al reo. Por tanto, este principio se complementa con la regla de la retroactividad de la norma más favorable al reo.

Todo ello supone la imposición de aplicar siempre la norma más favorable al reo, con el alcance que vamos a ver en los apartados siguientes.

¿Dónde se regula el principio de irretroactividad penal?

El principio de irretroactividad penal está contemplado tanto en la Constitución Española como en el Código Penal:

  • En la Constitución:
    • El artículo 9.3 establece la garantía constitucional de varios principios, entre ellos, el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, además de la seguridad jurídica, el principio de legalidad o la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.
    • El artículo 25, que contempla el principio de legalidad y, como consecuencia, la irretroactividad de una ley penal desfavorable, al enunciar que nadie podrá ser castigado por acciones u omisiones que no constituyan delito (o infracción administrativa) en el momento de producirse. Como consecuencia, no es posible sancionar un acto realizado en el pasado, cuando no era delito, porque una norma posterior lo contemple como tal.
  • En el Código Penal: 
    • El artículo 2, al igual que la Constitución, establece la irretroactividad de las leyes penales también en lo que respecta a las medidas de seguridad. Y el apartado 2 exceptúa las leyes favorables al reo, que tendrán efecto retroactivo aunque el sujeto ya estuviera cumpliendo condena en el momento de la entrada en vigor de la norma.
    • El artículo 4.2 complementa el principio de irretroactividad con la obligación de abstención de los jueces y tribunales en caso de que tengan conocimiento de alguna acción u omisión que no esté penada por la ley, pero que, a su juicio, debiera estarlo, y el deber de exponer sus razones al Gobierno. Como consecuencia, si posteriormente se incluye dicha acción u omisión como delito en el Código Penal, las realizadas con anterioridad quedarán impunes.

¿Cuál es el fundamento del principio de irretroactividad en derecho penal?

El principio de irretroactividad de la norma penal desfavorable tiene su fundamento principal en la necesidad de seguridad jurídica, que constituye uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho.

No existe seguridad jurídica si los ciudadanos no pueden saber con antelación a sus hechos qué conductas son lícitas y cuáles no, quedando por tanto a merced de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por otro lado, el principio de irretroactividad es un presupuesto de la finalidad preventiva que se le supone al derecho penal, que quedaría sin efecto si los ciudadanos no pudieran confiar en el marco de legalidad existente en el momento en que realizan una acción.

La seguridad jurídica, por tanto, debe ser el criterio principal a la hora de interpretar el alcance del principio de irretroactividad penal.

¿Cuáles son los efectos del principio de irretroactividad penal?

Conforme a todo lo expuesto, se puede afirmar que el principio de irretroactividad penal se traduce en los siguientes efectos:

  • Imposibilidad de castigar una acción u omisión que no esté penada por la ley en el momento de cometerse, aunque posteriormente sí se contemple como delito.
  • Imposibilidad de aplicar una pena más desfavorable regulada con posterioridad a la comisión de un delito que se produjo bajo la vigencia de una norma más benigna.
  • Prohibición del juez de actuar contra una acción u omisión que no constituya delito en el momento de cometerse, aunque crea que deba serlo, y aunque, como consecuencia de su informe al Gobierno, posteriormente se contemple como delito.
  • Prohibición de aplicar la ley más desfavorable a efectos y consecuencias producidos bajo su vigencia, pero generados o creados bajo el amparo de una ley anterior más benigna. Es decir, prima el momento de realización del hecho punible, no el de la producción de sus efectos.
  • En sentido contrario al apartado anterior, obligación de aplicar la ley más favorable a las consecuencias y efectos de un delito producidos bajo su vigencia, aunque el hecho se hubiera realizado estando vigente una ley anterior más desfavorable.

Además, en relación con el criterio de los jueces y tribunales, hay que tener en cuenta que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo coinciden en afirmar que no se puede aplicar la norma más favorable de forma parcial, es decir, solo a una parte de los actos de comisión de un delito.

Por ejemplo, en caso de delito continuado, todos los hechos que lo conformen serán juzgados de acuerdo con la norma más favorable, no unos según una norma y otros según otra.

¿Qué efecto tiene una declaración de inconstitucionalidad sobre la aplicación de la ley penal?

La irretroactividad de la norma penal desfavorable también opera con respecto a las declaraciones de inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo cuarenta de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Esto significa que si una ley penal más favorable es declarada inconstitucional, no se permitirá revisar procesos con respecto a los cuales ya se haya producido efecto de cosa juzgada.

Se exceptúan de esta norma los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en el que, como consecuencia de la inconstitucionalidad de la norma aplicada, se reduzca la pena o la sanción, o se produzca una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

Además, los criterios jurisprudenciales deberán corregirse a raíz de la declaración de inconstitucionalidad, e interpretar las normas en el futuro de acuerdo con dicha declaración.

En resumidas cuentas, se aplica el mismo criterio de irretroactividad solo de la norma más favorable, ya que se debe tener en cuenta siempre la salvaguarda de la seguridad jurídica y la protección de los ciudadanos frente a la posible arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Cuál es el alcance del principio de irretroactividad en derecho penal?

Como consecuencia de todo lo anterior, el principio de irretroactividad en derecho penal afecta a las disposiciones y normas que se encuentran incluidas en su ámbito de aplicación, en la medida en que su aplicación suponga una restricción de derechos individuales: 

  • Las leyes penales.
  • Las leyes o normas que desarrollan leyes penales en blanco, es decir, aquellas a las que remite una ley penal que no se encuentra muy detallada.
  • Las leyes no penales en las que se basa la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes civiles que delimitan los conceptos que se tienen en cuenta para determinar si existe o no un delito económico (como las referentes al concurso de acreedores).
  • Los tratados internacionales.
  • Cualquier norma que incida en el alcance de la pena, como las que determinan la existencia de exoneración, de una circunstancia atenuante o agravante, etc.
  • Las que regulan los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones penales o de la aplicación de las penas.
  • Las normas que regulan la aplicación de medidas de seguridad.
  • Los criterios jurisprudenciales, en la medida en que puedan suponer una aplicación de la norma que resulte más desfavorable para el reo.
  • En general, toda norma sancionadora desfavorable o restrictiva de derechos individuales o que tenga ese efecto, tal y como enuncia el artículo 9.3 de la Constitución.
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