Los delitos contra el medio ambiente en el Código Penal

Delitos contra el medio ambiente

La protección del medio ambiente es una preocupación que va ganando importancia en nuestros días. Como consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea y de los problemas actuales.

El Código Penal contempla varios delitos que tienen por objetivo proteger el medio ambiente, y actualmente existe un amplio espectro de conductas punibles.

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¿En qué consiste el delito contra el medio ambiente en el Código Penal?

El delito contra el medio ambiente está regulado dentro del título XVI del Código Penal, dedicado a los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

El capítulo III se refiere por entero a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Mediante este tipo delictivo, se persiguen los actos lesivos que consistan en contaminación ambiental, gestión ilegal de residuos, traslado de residuos o explotación de instalaciones peligrosas, siempre que sean susceptibles de causar un daño al medio ambiente, a los animales o a la vida o integridad de las personas. 

Se trata, en su mayoría, de delitos calificados como menos graves, donde las penas no superan los 5 años de prisión o de inhabilitación especial, en su caso. Se exceptúan los tipos agravados para el caso de que concurran circunstancias agravantes o los delitos que se cometan por autoridad o funcionario público. En este último caso, la inhabilitación especial puede oscilar entre los 9 y los 15 años.

El bien protegido es muy amplio, ya que se incluyen conductas que atentan tanto contra los valores ecológicos como contra la vida o la integridad física de las personas.

A partir de la reforma operada en el Código Penal por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, se agravaron los delitos contra el medio ambiente para adaptar nuestra regulación a las directrices de la Unión Europea, concretamente a la Directiva 2009/123/CE.

Como consecuencia, se ha agravado considerablemente el tipo penal, y en la actualidad se trata de un tipo muy amplio cuya delimitación con respecto a las infracciones administrativas en materia medioambiental resulta un tanto complicado.

¿Qué conductas se castigan en los delitos contra el medio ambiente?

Las conductas delictivas contempladas en los artículos 325 a 331 son muy amplias y variadas, y consisten en la fijación de un tipo básico de delito de contaminación ambiental, un tipo agravado en función del resultado de la conducta, un delito de gestión ilegal de residuos y otro de traslado de residuos, un delito de explotación de instalaciones peligrosas.

También se contemplan las circunstancias agravantes de los tipos mencionados y otros tipos en los que se castigan las mismas conductas pero realizadas por autoridad o funcionario público y por persona jurídica. Por último, se contemplan los delitos en espacios protegidos y el delito de imprudencia grave.

Delito de contaminación ambiental

El tipo básico del delito medioambiental se encuentra regulado en el artículo 325. Se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses y pena de inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 2 años conductas consistentes en provocar o realizar emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas de todo tipo.

También se castigan las conductas consistentes en captaciones de agua. 

Se requiere que dichos actos se hagan contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, y que las conductas tengan como consecuencia la causación o posibilidad de causar un daño sustancial a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, o a animales o plantas. 

Además, se castiga la conducta tanto si es capaz de producir el resultado lesivo sola como conjuntamente con otras conductas, lo que dificulta considerablemente la delimitación del hecho punible.

Se contempla un tipo agravado en el artículo 325.2, en caso de que se perjudique o se pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. La pena será de prisión de 2 a 5 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial de 1 a 3 años. 

Por último, si además de poner en peligro el medio ambiente, se pone en riesgo grave también la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado.

Delitos de gestión ilegal y traslado de residuos

El artículo 326 contempla los delitos de gestión ilegal de residuos y traslado de residuos. Las penas serán las mismas que las contempladas en el artículo anterior para el delito de contaminación ambiental, aunque a veces las conductas puedan ser difícilmente equiparables.

Las conductas que se castigan son las que, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general, consistan en recoger, transportar, valorizar, transformar, eliminar o aprovechar residuos, o no controlar o vigilar adecuadamente esas actividades.

El resultado de esas conductas debe ser el de causar o poder causar daños sustanciales a la calidad del aire, el suelo o las aguas, o a animales o plantas, o incluso muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

Si la conducta consiste en trasladar una cantidad no desdeñable de residuos, corresponderá pena de prisión de 3 meses a 1 año, multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de 3 meses a 1 año.

La dificultad en la delimitación de estos tipos delictivos se encuentra en la imprecisión del resultado previsto, ya que se habla de provocar un daño sustancial, y en cuanto a las conductas, también es imprecisa la acción de trasladar una cantidad no desdeñable de residuos.

Delito de explotación de instalaciones peligrosas

El artículo 326 bis contempla el delito de explotación de instalaciones peligrosas, al que impone las mismas penas que las previstas en el artículo 325, también con la dificultad de encaje que eso puede suponer.

La conducta que se castiga es la de, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general, llevar a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa en la que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad el aire, el suelo o las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

Circunstancias agravantes

El artículo 327 recoge determinadas circunstancias que, de concurrir, harán que se imponga la pena superior en grado:

  • Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.
  • Que se desobedezcan las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas mencionadas en los otros artículos.
  • Que se falsee u oculte información sobre los aspectos ambientales de la actividad.
  • Que se obstaculice la actividad inspectora de la Administración.
  • Que se produzca un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
  • Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

Otras conductas lesivas para el medio ambiente

Además de todos los delitos descritos, con sus correspondientes circunstancias agravantes, el capítulo del Código Penal incluye penas diferentes para el caso de que sean causados por persona jurídica (supuesto que recibe una pena menor) o por autoridad o funcionario público, donde se prevé una pena grave de inhabilitación especial y de ejercicio de sufragio pasivo de 9 a 15 años.

Además, si los hechos tienen lugar en un espacio natural protegido, con el resultado de dañar gravemente alguno de los elementos que sirvieron para calificarlo, el artículo 330 prevé una pena superior a la de los tipos anteriores, que consiste en prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.

Por último, cuando los hechos que dan lugar a cualquiera de los delitos ambientales se cometan por imprudencia grave, el artículo 331 establece que se impondrá la pena inferior en grado.

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