La agresión sexual es un delito contra la libertad sexual que se configura como delito semipúblico, lo que afecta a las posibilidades de iniciar el proceso penal. Sin embargo, se trata de un delito semipúblico que reviste de ciertas particularidades con respecto a la gran mayoría de los de la misma categoría.
En este artículo se abordan las consecuencias de que el delito de agresión sexual sea semipúblico.
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Contacte conmigo¿Qué implica el carácter semipúblico del delito de agresión sexual?
El hecho de que la agresión sexual se considere un delito semipúblico o semiprivado significa que para su persecución tiene que denunciarlo la persona agraviada o bien su representante legal. Siguiendo lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en estos casos también se admite la denuncia del Ministerio Fiscal si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida.
Por otro lado, la agresión sexual es un delito semipúblico con una particularidad con respecto a la mayoría de los demás delitos de la misma naturaleza: también se puede perseguir mediante querella del Ministerio Fiscal, con independencia de las condiciones de la víctima. En este caso, el artículo 191.1 del Código Penal solo establece que el Ministerio Fiscal “actuará ponderando los legítimos intereses en presencia”. Dicho de otro modo, tendrá que valorar si es pertinente iniciar la acción penal aunque la víctima no lo haga.
Hay otra diferencia entre el delito de agresión sexual y la mayoría de los delitos semipúblicos, que es que el perdón de la víctima no hace que se extingan la acción ni la responsabilidad penal, tal como dispone el artículo 130.1.5º del Código Penal.
También hay que tener en cuenta que, aunque por definición los delitos semipúblicos requieren al menos la denuncia de la víctima o su representante legal, estos también pueden presentar una querella, erigiéndose en tal caso en acusación particular.
Diferencia entre delitos públicos, semipúblicos y privados
La clasificación de los delitos en públicos, semipúblicos y privados responde a la forma en que se activa el proceso penal, es decir, a quién puede ponerlo en marcha y en qué condiciones.
En el caso de los delitos semipúblicos o semiprivados, la acción penal requiere al menos una denuncia previa de la persona agraviada o de su representante legal para que pueda iniciarse el procedimiento. También cabe la presentación de querella por parte de la víctima, e incluso, en determinados supuestos, la intervención por vía de la denuncia del Ministerio Fiscal (y aún en menos casos, su querella). Además de la agresión sexual, pertenecen a esta categoría otros delitos que afectan gravemente a la esfera íntima del sujeto, como los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Los delitos públicos son aquellos que pueden ser perseguidos de oficio por las autoridades, sin necesidad de denuncia o querella previa por parte de la víctima. Además, cualquier persona, incluso sin relación con los hechos, puede poner en conocimiento de las autoridades la comisión del delito, mediante denuncia o querella. La mayoría de los delitos contemplados en el Código Penal tienen esta naturaleza, como ocurre, por ejemplo, con el delito de homicidio o el de robo.
Por su parte, los delitos privados solo pueden ser perseguidos mediante querella de la persona ofendida o de su representante legal. Por tanto, no se puede actuar de oficio en estos casos. Se trata de supuestos muy excepcionales, pues el Código Penal únicamente contempla como delitos privados los delitos contra el honor, es decir, las injurias y calumnias del título XI de su libro II. No obstante, la acción puede iniciarse de oficio si concurren circunstancias específicas.
¿Por qué la agresión sexual tiene carácter semipúblico?
Los delitos semipúblicos se caracterizan por afectar a bienes jurídicos que, pese a tener una dimensión claramente social, inciden de forma directa en la esfera íntima o en la autonomía de la persona perjudicada. Este es precisamente el caso de la agresión sexual, ya que lo que se protege es un bien tan personal como la libertad sexual.
Si este delito estuviera tipificado como público, podría ser perseguido de oficio, e incluso se permitiría que cualquier persona, con independencia de su relación con los hechos, presentara denuncia o querella. En cambio, si se considerara un delito privado, la persecución penal dependería exclusivamente de la presentación de querella por parte de la víctima.
Por tanto, su calificación como delito semipúblico no pretende restringir las vías de actuación penal, sino proteger la voluntad de la persona agraviada, evitando que se vea forzada a revivir los hechos en un procedimiento judicial si no lo desea. De este modo, se busca preservar su intimidad y su autonomía y evitar su revictimización, teniendo en cuenta el carácter especialmente sensible del bien jurídico afectado.
¿La víctima puede retirar la denuncia?
En los delitos de agresión sexual, como en cualquier delito semipúblico, la denuncia de la víctima cumple una función habilitante: permite iniciar el procedimiento penal. Ahora bien, una vez presentada la denuncia, el proceso no puede paralizarse por la mera voluntad de la víctima.
A diferencia de lo que sucede en otros delitos semipúblicos, en los que el perdón del ofendido puede extinguir la acción penal, en la agresión sexual no existe una figura procesal equiparable a la retirada de la denuncia con efectos extintivos. Lo que sí puede ocurrir es que la víctima opte por no declarar durante el proceso.