Los delitos contra la Administración de Justicia en el Código Penal

Delitos contra la Administración de Justicia

Nuestro Código Penal protege el adecuado desenvolvimiento de la Administración de Justicia, para cuyo fin recoge en un mismo título un total de nueve capítulos que contemplan distintos aspectos relacionados con ella.

A lo largo de estos capítulos, se suceden delitos que ponen el foco en diversos momentos de la actividad jurisdiccional, y que, según el caso, podrán ser cometidos por cualquier ciudadano o por los funcionarios y profesionales que intervienen en la Administración de Justicia.

A continuación analizo en qué consisten estos delitos, sus características y qué pena se establece para cada uno de ellos.

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¿Cómo se regulan los delitos contra la Administración de Justicia en el Código Penal?

Bajo el mismo título XX del Código Penal dedicado a los delitos contra la Administración de Justicia, se contemplan los delitos de prevaricación, de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, de encubrimiento, de realización arbitraria del propio derecho, de acusación y denuncia falsas y de simulación de delitos, de falso testimonio, de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, de quebrantamiento de condena y los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional.

Todos ellos tienen en común el bien jurídico protegido, que es la tutela de la actividad jurisdiccional, y se combinan conductas que dan lugar a delitos menos graves y a delitos graves, pudiendo llegar en ocasiones a penas de inhabilitación especial de hasta 20 años.

Las conductas castigadas pueden consistir en acción u omisión, ya que se persigue también el hecho de poder evitar un delito y no hacerlo.

En ocasiones, se combina la tutela del bien jurídico de la actividad jurisdiccional con otros como la vida y la integridad física de las personas, pero prima en todo caso el fin último de garantizar un adecuado desarrollo de la Administración de Justicia. 

Delito de prevaricación

El delito de prevaricación está recogido en el capítulo I, y bajo el mismo título se engloban los siguientes subtipos:

  • Delito de prevaricación judicial dolosa por dictado de sentencia o resolución injusta (artículo 446). Las penas, de prisión, multa e inhabilitación especial varían según se haya llegado a ejecutar o no la sentencia, y si el reo lo era por delito grave, menos grave o leve; también si se trataba de una causa criminal o de algún otro tipo.
  • Delito de prevaricación judicial imprudente por dictado de sentencia o resolución injusta (artículo 447). Contempla la misma conducta que el artículo anterior, pero en este caso no existe dolo, sino imprudencia grave o ignorancia inexcusable, por lo que las penas son menores y solo consistirán en inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • Delito de negativa a juzgar (artículo 448). La pena en este caso es de inhabilitación especial para empleo o cargo público no superior a 4 años.
  • Delito de retardo malicioso en la administración de justicia (artículo 449). Consiste en dilatar de manera maliciosa los plazos establecidos para cualquier procedimiento de la Administración de Justicia, a los que aplica las mismas penas que el artículo anterior.

Delito de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución

El artículo 450.1 castiga a la persona que no intervenga, siempre que pueda hacerlo sin riesgo propio o ajeno, y si el delito que se debe impedir afecta a la vida, la integridad o salud, o la libertad o libertad sexual de las personas.

Las penas varían entre la de prisión y la de multa, según se trate de un delito contra la vida o no, y en ningún caso podrán superar las penas impuestas para el delito que se trata de evitar.

El artículo 450.2 contempla las mismas penas para el caso de que, pudiendo hacerlo, no se acuda a autoridad que pueda impedir el delito, que puede ser actual o referirse a un momento próximo.

Delito de encubrimiento

En el capítulo III se recogen el delito de encubrimiento, la limitación de la pena privativa de libertad por la del delito encubierto, la accesoriedad del encubrimiento y la exención de pena para el encubrimiento de familiares (artículo 454).

El delito de encubrimiento (artículo 451) consiste en la intervención en un delito con posterioridad a su comisión, con alguna conducta consistente en auxiliar a los autores, o impedir su descubrimiento mediante la ocultación del cuerpo o de los efectos intervinientes.

También se castiga prestar ayuda a los responsables, en caso de que concurra alguna de estas circunstancias:

  • Que el hecho encubierto constituya uno de los delitos a los que se refiere el artículo: traición, regicidio, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos.
  • Que se actúe con abuso de funciones públicas.

Las penas previstas son de prisión y de prisión e inhabilitación especial, según el caso, y como limitación para la pena de prisión existe la del propio delito encubierto (artículo 452).

Delito de realización arbitraria del propio derecho

Bajo este epígrafe, se castiga el hecho de tomarse la justicia por la propia mano. Se castiga el acto de actuar fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o fuerza en las cosas para realizar un derecho propio. 

Le corresponde una pena de multa de 6 a 12 meses, aunque se impondrá la pena superior en grado si se hiciera uso de armas u objetos peligrosos para la intimidación o violencia (artículo 455).

Se exige una relación jurídica extrapenal preexistente. El tipo punible se entiende realizado con la mera conducta, ya que es un delito de pura actividad doloso. Tampoco cabe su comisión por imprudencia.

Delito de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos

El artículo 456 castiga con penas de multa o de prisión, según el caso, a quien, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, impute a una persona la comisión de un delito ante un funcionario judicial o administrativo que tenga la obligación de investigarlo (denuncia falsa).

El delito solo será perseguible una vez haya recaído sentencia o auto firme de sobreseimiento o archivo. Si de la causa se aprecian indicios de la falsedad de la imputación, el propio juez o tribunal actuará de oficio contra el denunciante.

Por otro lado, el artículo 457 castiga con pena de multa a quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncie una inexistente, dando lugar a que se inicien actuaciones procesales (simulación de delitos).

También en este caso, ha de hacerse la denuncia ante autoridades que tengan el deber de perseguir los delitos denunciados.

Delito de falso testimonio

Este delito de falso testimonio comprende distintos subtipos, en función de quién sea el autor de los hechos, ya que puede referirse a los testigos en una causa judicial, a los peritos o intérpretes o al propio encausado o a los profesionales que se ocupan de su defensa.

Son todos ellos delitos especiales, de mera actividad y dolosos. Se trata de delitos menos graves en su mayoría, para los que se prevén penas de prisión, multa e inhabilitación especial, según los casos.

Están regulados en los artículos 458 a 462, y las conductas castigadas consisten en prestar falso testimonio en causa judicial, con distintos grados de gravedad según sea la causa judicial en la que se haga, faltar a la verdad maliciosamente en las labores periciales o de interpretación, en alterar la verdad en los casos descritos, o en presentar testigos falsos o peritos o intérpretes que mientan en un juicio.

Delito de obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional

Bajo este epígrafe, se engloban dos tipos de delitos en los artículos 463 a 467:

  • El delito de obstrucción a la justicia describe distintas conductas que consisten en entorpecer el normal y pacífico desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional. Las penas, según el caso, van desde la multa hasta la inhabilitación especial.
  • El delito de deslealtad profesional es un delito especial propio, ya que solo puede ser cometido por quienes tienen la condición de abogado o procurador, y en sus actuaciones durante la defensa y representación de un cliente para una causa judicial. Está penado con multa e inhabilitación especial.

Delito de quebrantamiento de condena

El artículo 468 contempla el delito de quebrantamiento de condena, que supone una forma de obstaculizar la acción de la justicia en un momento posterior al de los otros delitos de este mismo título.

Para algunos de los tipos descritos, el autor solo puede ser el condenado, y las penas correspondientes pueden consistir en prisión o multa, o bien en la imposición de medidas cautelares o de seguridad.

También se prevé que el delito sea cometido por un particular que preste ayuda a un condenado, preso o detenido, o incluso un funcionario público, que recibirá además una pena de inhabilitación especial de hasta 10 años.

Las conductas punibles que dan lugar a este delito son:

  • Quebrantar la propia condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, o las medidas de libertad vigilada, o bien inutilizar o perturbar el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, no llevarlos consigo o no cumplir con el mantenimiento para su correcto estado de funcionamiento.
  • Fugarse del lugar en que se está recluido haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, o tomando parte en un motín.
  • Facilitar la evasión a un condenado, preso o detenido. 

Delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional

La Ley 15/2003, de 25 de noviembre, modificó el Código Penal para incluir el artículo 471 bis constitutivo de este capítulo.

Bajo este tipo penal se castigan las siguientes conductas:

  • Faltar intencionadamente a la verdad en su testimonio siendo testigo ante la Corte Penal Internacional, y estando obligado a decir la verdad por las normas de la misma. La pena correspondiente es de prisión de 6 meses a 2 años. Si el falso testimonio se da contra el acusado, se impondrá una pena mayor.
  • Presentar pruebas falsas o falsificadas ante la misma Corte, a sabiendas de su falsedad, o destruir o alterar pruebas, o interferir en las diligencias de prueba.
  • Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio ante la Corte o interferir en ellos.
  • Poner trabas a un funcionario de la Corte, corromperlo o intimidarlo, para obligarlo o inducirlo a no cumplir sus funciones o a hacerlo indebidamente.
  • Tomar represalias contra un funcionario de la Corte por funciones que haya desempeñado él u otro funcionario. También si se toman contra un testigo a causa de su declaración.
  • Solicitar o aceptar un soborno siendo funcionario de la Corte y en relación a sus funciones oficiales.

Las penas consisten en multa, prisión o inhabilitación especial según los casos, y se trata de delitos de actividad, no siendo requerida la consecución de un resultado concreto.

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